La irrupción del peronismo produjo una crisis de autoridad en la sociedad argentina. Las elites y partidos políticos tradicionales fueron desplazados rápidamente del centro de la escena por el movimiento peronista redefiniendo los términos de las luchas políticas y sociales.  La activación política popular negó a las oligarquías y partidos políticos históricos la posibilidad de gobernar el país por vías democráticas. Ante este escenario, el recurso a los golpes de estado encabezados por las Fuerzas Armadas se convirtió en un elemento habitual de la vida política del país. Entre 1955 y 1983 fueron instauradas 4 dictaduras cívico-militares en el marco de un creciente involucramiento de los sectores militares en la política argentina.

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Esta creciente participación de las Fuerzas Armadas estuvo caracterizada por una progresiva ampliación de los ámbitos y esferas alcanzadas por la represión y el control castrense. El objetivo era el de asegurar la gobernabilidad, restaurar las jerarquías sociales y disciplinar a una indócil clase trabajadora. Es por ello que la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX está fuertemente marcada por la violencia política y represiva que sacudió a la sociedad en un crescendo a partir de la autodenominada Revolución Libertadora (1955-1958) y que culminará en la dictadura cívico-militar conocida como Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).

Sin embargo, el autoritarismo y el intervencionismo militar provocaron la aparición de nuevos actores y nuevos repertorios de confrontación dentro de la clase obrera y la militancia política de la Argentina. Es así que al calor de la dictadura de la Revolución Argentina (1966-1973) se produce la aparición de un nuevo movimiento sindical mucho más combativo y de las organizaciones político-militares, en un contexto contestatario que afectaba a diferentes espacios de militancia política y social. El autoritarismo cívico-militar estaba en jaque y recurriría a una escalada de violencia represiva para sostener su frágil posición.

El 22 de agosto de 1972, en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, 19 prisioneros fueron retirados de sus celdas a plena noche y masacrados sin juicio previo. Se trataba de militantes de diferentes organizaciones armadas peronistas y marxistas: Montoneros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército Revolucionario del Pueblo.

Este fue el epílogo de la "cinematográfica" fuga del Penal de Rawson iniciada el 15 de agosto, organizada por algunos de los máximos dirigentes de las organizaciones armadas que se encontraban detenidos en el mismo.

Ese día un grupo de 25 guerrilleros detenidos logró tomar control del penal con ayuda de compañeros que actuaban desde el exterior y debían asegurar los medios para el escape. Pese a ello, se produjo una falla en la coordinación de los transportes que debían asegurar la huida de los guerrilleros. Los camiones preparados para la ocasión se alertaron por el tiroteo producido durante el motín y terminó con la muerte de un guardiacárcel, por lo que abandonaron la operación temiendo un fracaso.  De los 25 fugados, solamente 6 pudieron abordar un automóvil Falcon para llegar al Aeropuerto de Trelew. Se trataba de los dirigentes Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna por parte del PRT- ERP; Marcos Osatinsky y Roberto Quieto de las FAR; y Fernando Vaca Narvaja de Montoneros. Estos lograron abordar el Vuelo 811 con destino a Buenos Aires que había sido previamente secuestrado por dos guerrilleros y huir al Chile de Salvador Allende.

Los 19 guerrilleros restantes llegaron tarde al aeropuerto utilizando una caravana de taxis y no tuvieron oportunidad de abordar el avión.  El aeropuerto fue rápidamente rodeado por efectivos de la Marina y se inició la negociación. Los guerrilleros aceptaron rendirse de forma negociada ante la presencia de periodistas, autoridades judiciales y un médico que certificaron el estado de salud en que se encontraban debido a la experiencia de detenidos que habían sido torturados por las Fuerzas Armadas y de seguridad. La condición era que se garantizaba ante el público general el respeto a la vida e integridad de los capturados.

Los detenidos fueron trasladados a la Base Naval de Trelew quedando a disposición de la Armada. La madrugada del 22 de agosto fueron despertados a la fuerza y sacados apresuradamente de su celda. Un pelotón dirigido por el capitán Luis Sosa los masacró a disparos. No se trató de un fusilamiento "planificado", sino que fueron ametrallados de forma ensañada y salvaje, y algunos de ellos rematados en el piso mientras agonizaban. Dieciséis de los fusilados murieron en el acto, pero 3 de ellos sobrevivieron: Alberto Miguel Camps y María Antonia Berger de las FAR, y Ricardo René Haidar de Montoneros.

Ante los medios de comunicación, se presentó un informe bochornoso que aseguraba de manera forzosa que los guerrilleros habían protagonizado un segundo intento de fuga y murieron en un enfrentamiento con los infantes de Marina nuevamente". Gran parte del público fue escéptico ante los comunicados oficiales y los 3 fusilados sobrevivientes pudieron dar testimonio de los acontecimientos. La verdad sobre los hechos terminó de socavar la imagen del gobierno militar condicionando su entrega del poder en las elecciones que contaron con la participación del peronismo

La Masacre de Trelew, sin embargo, no fue un episodio aislado. Se trataba de uno de los ruidosos antecedentes de lo que sería la práctica del Terrorismo de Estado en Argentina y la practica irrestricta de la violencia represiva durante el Proceso de Reorganización Nacional: los tres sobrevivientes de Trelew fueron asesinados y desaparecidos entre 1976 y 1983.