“¿La Organización Mundial de la Salud? ¿Y eso para qué sirve?”. Al poco tiempo de arribar a Ginebra, la capital helvética de la diplomacia internacional, preguntas sobre el funcionamiento y el alcance de esta organización resonaban constantemente cuando les relataba a propios y ajenos el área de trabajo que me había sido asignada en la Misión Permanente de Argentina. Era enero de 2020, y en aquel entonces no existían indicios oficiales sobre una pandemia, al menos en el mundo occidental. El Consejo Ejecutivo, uno de los principales órganos de gobernanza de la Organización Mundial de la Salud (OMS), calentaba motores de cara a la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) en el mes de mayo y como de costumbre, eran varias las resoluciones y proyectos que se discutían, oportunidad perfecta para detenerse unos momentos en la cafetería de planta baja y conversar con los distintos delegados. Las noticias sobre una “neumonía atípica” con origen en Wuhan no tardaron en llegar al epicentro de la salud global; los casos aumentaban a un ritmo exponencial y la incertidumbre que ocasionaba el desconocimiento sobre esta potencial “nueva gripe española” comenzaba a agitar las riendas del control de mando del Director General, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Lo cierto es que esta pandemia logró cubrir cada rincón del planeta exponiendo crudamente la incapacidad, la desigualdad y la falta de preparación del sistema internacional en su conjunto para responder a una emergencia sanitaria de tal magnitud.

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Pero, ¿qué fue lo que falló exactamente? ¿La pandemia fue un suceso previsible? Para echar luz a esta y otras preguntas, es fundamental hacer pie sobre una serie de mecanismos y procesos que hoy en día se encuentran bajo revisión y escrutinio por parte de los Estados miembros de la OMS. Un pilar fundamental que estructura la vigilancia de los brotes epidemiológicos globales es el llamado Reglamento Sanitario Internacional (RSI), el cual constituye el marco jurídico que, entre otros aspectos, define las capacidades nacionales básicas para el manejo de los eventos agudos de salud pública de importancia potencial o real, a escala tanto nacional como internacional, así como los procedimientos administrativos conexos. En otras palabras, el RSI tiene como máximo propósito prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger, controlar y dar una respuesta de salud pública proporcionada, evitando a su vez las interferencias innecesarias en el tráfico y el comercio internacional. De aquí se desprende que el RSI debería haberse comportado como la herramienta que garantizase la rápida detección, comunicación y alarma del entonces potencial brote epidemiológico del SARS-CoV-2.

Ahora bien, la secuencia común de razonamiento nos obliga a repreguntarnos por qué el sistema de alarma de la OMS, vital para vigilar y comunicar potenciales brotes globales, falló de manera tan contundente. En mayo de 2020, la 73º AMS aprobó la resolución WHA73.1 por la cual se le solicitó al Director General que iniciara un proceso gradual de evaluación imparcial e independiente del uso de los mecanismos existentes. El Panel de revisión del RSI, compuesto por 20 miembros, y liderado por el microbiólogo alemán y actual presidente del prestigioso Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, encontró una serie de graves deficiencias y proporcionó cuarenta recomendaciones para fortalecer dicho instrumento. Si bien el documento explaya en sus 79 páginas cada una de las razones, es interesante detenerse en una serie de aspectos centrales:

En primer lugar, la ausencia de un cumplimiento estricto y responsable, por parte de los Estados, de determinadas obligaciones y canales de implementación que nunca se elevaron al más alto nivel de gobierno, minaron desde su concepción la alerta temprana del SARS-CoV2;

En segundo lugar, una vez dada la alarma, las notificaciones y respuestas carecieron de coordinación interestatal (Estado-Estado) así como intergubernamental (OMS-Puntos focales). Aquí se le añade un rasgo clave que ha sido el denominador común a lo largo de esta pandemia: la falta de confianza. La incertidumbre  y la aversión al intercambio de información, sumado a un instrumento de rendición de cuentas sumamente endeble, socavaron los incentivos a la cooperación, al mejor estilo del dilema del prisionero. Esto es particularmente evidente en el caso de  los países que evidenciaron los primeros brotes, los cuales debieron haber compartido automáticamente y en tiempo real la información de salud pública pertinente, incluida la secuenciación genómica, con el fin dotar al resto de la comunidad internacional de los elementos precisos para evaluar el riesgo, permitiendo además el rápido acceso a las investigaciones en el territorio, aspecto hoy en discusión por el comité de estudio de los orígenes del virus;

Tercero, un financiamiento insostenible, rasgo que se replica a lo largo de la agenda de transformación y fortalecimiento de la OMS, no aseguró la disponibilidad de recursos humanos y monetarios adecuados. A su vez, la falta de flexibilidad en la gestión de las finanzas públicas y las leyes de adquisiciones impidió el cumplimiento eficaz de las obligaciones en todas las funciones relacionadas con la comunicación entre los centros nacionales de coordinación, la creación y evaluación de las capacidades básicas, la notificación y la evaluación del riesgo.

Y finalmente, la dificultad técnica para diferenciar claramente una pandemia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, sólo contribuyó a generar mayor nivel de desconocimiento, dilatando la efectivización de los resortes institucionales que se activan una vez declarada la pandemia.

La segunda falla

Ahora bien, una vez diseminada la enfermedad y luego de comprender que el desarrollo de las vacunas era necesario para controlar la gravedad de la enfermedad y la transmisión del virus, junto con un paquete de medidas de salud pública y sociales que incluían el distanciamiento social, el lavado de manos, la ventilación de ambientes y el uso de mascarillas, la comunidad internacional comenzó a congregarse de manera virtual para debatir cómo lograr que todo el mundo en su conjunto acceda a los desarrollos relacionados a diagnósticos, tratamientos y vacunas.

El mecanismo COVAX, pergeñado por la OMS, La Alianza para la Vacunación GAVI y la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias (CEPI), entre otros, se fundó bajo la premisa principal de lograr que todos los países, en especial aquellos de escasos recursos financieros, tuvieran un acceso eficaz, rápido y seguro a las vacunas aceptadas por la OMS. Teniendo en cuenta el escenario de escasez por la baja capacidad de las farmacéuticas para la producción masiva de vacunas, el COVAX se erigió como una tarea titánica que no reconocía antecedente alguno en cuanto a su escala. Es así, que la división entre países de ingresos bajos y los denominados autofinanciados buscaba lograr un equilibrio entre la exorbitante demanda por un bien escaso como las vacunas, y el complejo proceso de producirlas en tiempo record.

En los albores de la pandemia, la narrativa interna que regía los diálogos de la política multilateral en Ginebra se caracterizaba por la sobreabundancia y la pomposidad de discursos en materia de solidaridad y cooperación, sin importar las fronteras, el signo político o la ideología de turno. Sin embargo, como la realidad es la única verdad, al día de hoy un puñado de diez países concentran la aplicación de más del 70% de todas las vacunas, mientras que África apenas supera el 1% de personas vacunadas completamente.

Para los meses de agosto y septiembre de 2020, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Israel y la Unión Europea (EU) ya habían asegurado lotes descomunales de vacunas, que en algunos casos duplicaban o triplicaban la cantidad necesaria para vacunar a sus poblaciones (EE UU, 800 millones; UE, 500 millones y Reino Unido, 270 millones). Los países centrales que contaban con industrias farmaceúticas fuertes (Suiza, Alemania, Japón, Estados Unidos) conocían de antemano que ante una emergencia como esta, la distribución de vacunas inclinaría la balanza a su favor. Bien podría decirse que estas negociaciones bilaterales les aseguraron un lugar en la pole position, al tiempo que relegaron de la distribución al resto del mundo.

Como describió Gavin Yamey, miembro de los primeros grupos de estudio de COVAX, en el artículo publicado por la revista The Lancet el pasado 19 de junio, este mecanismo "fue una idea hermosa, que nació de la solidaridad, pero que desafortunadamente, no sucedió, y en la que los países ricos se comportaron peor que las peores pesadillas de nadie". En sintonía con este escenario, hace algunas semanas en una rueda de prensa, el Dr. Tedros Adhanom calificó de codiciosos a los países que, olvidando las promesas de igualdad y solidaridad, abandonaron los esfuerzos por una distribución justa y equitativa, al tiempo que llamaba al G20 a ocupar el vacío de liderazgo que ha regido la dinámica de cooperación internacional durante la pandemia.

El mundo tiene otra oportunidad

Hoy día, la OMS estima que el mundo necesita al menos 11 mil millones de dosis de vacunas para controlar por completo la pandemia, en la que COVAX sueña con suministrar 2.3 billones para principios de 2022. Un desafío sumamente ambicioso si se tiene en cuenta que de las 3 mil millones de dosis de vacunas aplicadas globalmente, el mecanismo ha sido responsable de menos del 5%. Para lograr este objetivo, es imprescindible entender que no puede haber solución alguna sin que la política lidere con una convicción de igualdad y equidad, teniendo en cuenta las asimetrías que separan a unos países de otros, y en especial, contemplando la necesidad de reformas que terminen con el monopolio del conocimiento, la producción, la falta de transparencia en los precios y el acceso de bienes públicos globales como son las vacunas.

La discusión en torno a un Tratado de Pandemia, la exención de patentes y la transferencia de tecnologías para la producción masiva de estos productos médicos es totalmente necesaria para emprender un camino más justo. En este sentido, vale destacar el rol activo que tuvo Argentina durante la última Asamblea Mundial de la Salud defendiendo y acompañando la resolución de producción local de medicamentos propuesta por Etiopía, la cual insta a los Estados a incentivar la cooperación en materia de desarrollo Norte-Sur y Sur-Sur, para mejorar la transferencia de tecnología en cuestiones de salud y en condiciones voluntarias y mutuamente acordadas, así como no perder de vista los derechos y obligaciones del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Por lo tanto, generar un diálogo más comprensivo con las grandes farmacéuticas, que incluya la exención temporal a los derechos de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología para lograr que la capacidad instalada global no siga desaprovechandose en situaciones críticas como una pandemia, es de suma urgencia.

Desde el primer momento en contacto con los organismos internacionales pude evidenciar que los mecanismos de cooperación y los instrumentos multilaterales presentaban en algunos casos particulares cierta lentitud en su respuesta, por un lado, y un alto nivel de descrédito, por otro. Sin duda alguna, la OMS requiere un profundo proceso de revitalización financiera, independencia política y autonomía institucional en la toma de decisiones. Sin embargo, organismos de esta envergadura, que se plasman dia a dia en un trabajo que para muchos parece estar anquilosado, desconectado con la realidad social y falto de dinamismo, representan en el largo plazo un valioso artefacto basado en acuerdos que busca esquivar la sombra del conflicto siempre latente en el horizonte de las relaciones internacionales. Las lecciones que dejará el COVID-19 serán vitales para prevenir o al menos prepararse para la siguiente pandemia, pero no debemos olvidar que estructuras como estas son imperfectamente fundamentales para evitar que la codicia y el egoísmo inherente del sistema internacional prevalezcan por sobre el interés colectivo.