El día de ayer un debate profundo emergió a la superficie nuevamente a partir de un hecho específico. En este caso, un episodio que tuvo como protagonista al cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier reavivó el debate sobre la implementación de las armas de electrochoque conocidas como “Taser”. A modo de advertencia inicial ponemos de resalto que aún no se ha podido dilucidar como se concatenaron los hechos. Una versión sostiene que el artista se aproximó con un cuchillo en la mano contra el personal policial. La madre, por el contrario, afirmó que el cantante se estaba lastimando a sí mismo pero que en ningún momento intento agredir a terceros. Sobre el suceso específico solo podemos decir que resta que la Justicia dilucide lo ocurrido y determine las eventuales responsabilidades, como en cualquier caso en un sistema de gobierno repúblicano.

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En primer término, es claro que ante el objeto de la discusión surge el fenómeno de las posiciones extremas basadas en explicaciones fáciles para problemas complejos.  Por ello, proponemos alejarnos de los polos: no suscribimos a la doctrina que sostiene que en todos los casos la pistola taser es una mejor herramienta para el personal policial. Tampoco compartimos la postura de que en ningún caso estas armas menos letales -que no es lo mismo que no letales- puedan ser un insumo más idóneo para la policía en determinados casos y bajo ciertas circunstancias.

Sí entendemos el orígen de la preocupación que surge ante la posibilidad de implementar armas que funcionen con un mecanismo de electrochoque. Ningún argentino es huerfáno de su historia y por ende es imposible omitir el recuerdo de la última dictadura militar y de numerosos casos de violencia policial. No obstante ello, creemos que al menos -desde la perspectiva de la integridad física del personal de las fuerzas de seguridad pero fundamentalmente desde la perspectiva de la integridad física de la ciudadanía- la discusión debe abrirse. Ahora bien, como primer elemento, es conveniente señalar que no es lo mismo pensar la implementación de las pistolas taser frente a cualquier situación para todo el personal de las fuerzas de seguridad que cumple tareas en calle que pensarla para determinados grupos específicos de cada fuerza y bajo circunstancias objetivas y detalladas previamente con mucha precisión.

Un aspecto de las Taser a tener en cuenta

En relación al problema de la cultura policial argentina es conveniente poner en la mesa un aspecto del funcionamiento del modelo más utilizado de pistolas Taser en el mundo. Si bien es un detalle que no resguarda completamente a la ciudadanía ante potenciales usos irracionales, vale mencionarlo: el modelo X26 de las pistolas taser cuenta con una memoria interna que registra todos los “movimientos” del arma en una computadora. Esto tiene que ver con el número de serie, que permite su individualización. La memoria interna almacena los datos de descarga, cantidad de segundos que se utilizó, día y hora y cantidad total de descargas a lo largo de la vida del arma.

El marco normativo de la gestión Bullrich. Regulación insuficiente.

En el año 2019, mediante Resolución (395/2019) del Ministerio de Seguridad de la Nación se aprobó un reglamento para el empleo de armas electrónicas menos letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales. En el Artículo 2 se puntualizaban los tres casos en los que procedía el uso de las armas electrónicas no letales –siempre y cuando resultaran neficaces otros métodos no violentos-, a  saber: detención en flagrancia o impedir fuga, legítima defensa y para impedir la comisión de un delito de acción pública

Ya en este punto, en cuanto a los supuestos previstos, asoman los problemas: el último inciso nos parece errado en tanto consideramos que no se justifica la utilización de la taser para impedir la comisión de cualquier delito de acción pública. Por ejemplo, según el protocolo Bullrich, se podía utilizar una taser para prevenir el delito de daño (un pibe que está pintando un graffiti en la pared de un ministerio podría ser pasible de una descarga electrica). La regulación debería haber previsto un criterio restrictivo para limitar la utilización de las armas electrónicas en forma preventiva solamente frente a delitos graves que también puedan tener como consecuencia la afectación de la integridad física de alguna/s persona/s. El inciso C) dejaba la puerta abierta para posibles usos irrazonables.

El Artículo 5 también trajo problemas al establecer una especie de presunciones en las cuales se “considerará que existe peligro inminente”:

a) Cuando se desarrollen conductas amenazantes que pongan en peligro la integridad física del agente o de terceras personas.

 b) Cuando se manifiesten conductas violentas que indiquen la inminencia de un ataque al agente o a terceras personas.

c) Cuando el número de los ofensores o la imprevisibilidad de la agresión esgrimida, impida materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.

Los incisos a) y b) son altamente cuestionables en tanto adoptan categorías muy generales. En caso de avanzar con una regulación, debería existir algún parámetro objetivo para que el agente de la fuerza no pueda alegar que el entendió que había una conducta violenta que marcaba la inminencia de un ataque para justificar la utilización de estas armas en casos en los cuales no era necesario. Se podría haber hablado de conductas que indiquen “objetiva y razonablemente”. Sobre el inciso C) nos preguntamos: si hay una policía realmente capacitada, ¿necesariamente el numero de ofensores impide el cumplimiento del deber?

Cambio de gobierno

Luego de la victoria del actual presidente, la Ministra Sabina Frederic, mediante la Resolución 1231/2019 del Ministerio de Seguridad de la Nación, abrogó la Resolución de la gestión Bullrich y propuso crear una regulación que limite el uso de estas armas menos letales a grupos especiales de la fuerza previo protocolo y capacitación.

Los argumentos expuestos para fundar la derogación de la normativa de la gestión Bullrich nos resultan bastante atendibles, sobre todo teniendo en cuenta los “PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY” establecidos por la ONU en el año 1990.

Adicionalmente, la Resolución derogatoria sostuvo acertadamente:

“Que la ausencia de regulación sobre cómo debe utilizarse este armamento ocasiona una situación de peligro exponencial -pudiendo transformar su uso en letal-, toda vez que no se delimita claramente la distancia a la que debe ser utilizada el arma, los lugares del cuerpo donde pueden realizarse las descargas, cuánto deben durar las mismas, si pueden reiterarse, la población sobre la cual su uso debe estar totalmente prohibido, cómo proceder ante una posible descompensación, qué controles médicos deben realizarse con posterioridad a fin de no padecer problemas en la salud, entre muchas otras circunstancias.”

Experiencias a tener en cuenta

Hay ejemplos de fuerzas de seguridad en algunos países en los cuales solamente pueden portar armas letales determinados grupos especiales –como antiterroristas por ejemplo-.

En Inglaterra e Islandia por ejemplo, los policías de calle que no pertenecen a un grupo especial no llevan armas letales. En Inglaterra solo llevan tonfa y gas pimienta. Hay estadísticas que muestran reducción en la cantidad de homicidios con armas de fuego en estos casos. La mayoría de los propios efectivos de la policía británica contestó en una encuesta (82%) que prefería no portar armas.

Hay que revisar los principios básicos sobre empleo de la fuerza de las Naciones Unidas: “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes.”

Al mismo tiempo, el Artículo 3 sostiene:

“Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas.”

Las Taser y su implementación especifica contra personas que tienen presuntos padecimientos mentales o consumos problemáticos

Sobre este aspecto, hemos de señalar que así como afirmamos que el Derecho Penal es de “última ratio” (lo que equivale a decir que el Derecho Penal interviene cuando todas las instancias institucionales anteriores y menos lesivas fracasaron), la utilización de la violencia frente a personas que presuntamente tienen padecimientos mentales o consumos problemáticos, también es un último recurso. Afirmar que estas problemáticas deben ser abordadas desde la perspectiva de la salud mental y no del derecho penal, no permite afirmar a priori que en ninguna situación la utilización de un arma menos letal que un arma de fuego garantizará con mayor eficacia la integridad física del ciudadano frente al personal policial.

Existe un propio marco normativo para la actuación policial en estos casos donde se sostiene que las medidas de fuerza en estas situaciones deben ser el último recurso. Adicionalmente, es lógico pensar que los efectos que puede tener la utilización de una pistola Taser en hechos con estas características pueden ser completamente distintos respecto a otro tipo de situaciones. En tal caso, es claro que en caso de implementarse la utilización de pistolas taser frente a estos supuestos, debe haber un marco normativo específico y abarcativo.

Conclusiones para abordar el tema

-El requisito ineludible para la potencial implementación de las pistolas Taser es la capacitación integral de los miembros de las fuerzas de seguridad que podrán utilizarlas. Adicionalmente, debería establecerse un marco normativo que regule con el mayor nivel de detalle posible las circunstancias objetivas que admitirán la utilización de esta arma menos letal, señalando los episodios concretos en los que se podrá utilizar, sin caer en conceptos ambiguos o genéricos.

-Cuando estamos ante una política pública que puede llegar a tener un impacto en el medioambiente se realiza lo que se conoce como “estudio de impacto ambiental”. Quizás, para esta ocasión, sería altamente recomendable realizar “pruebas piloto” convocadas desde el gobierno y controladas por organismos de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil para estudiar las consecuencias de la potencial implementación de las pistolas Taser en sectores especifícos de nuestras fuerzas de seguridad.

- Sería constitucionalmente correcto afirmar que es el Congreso quien debe regular la materia. Efectivamente se trata de casos en los cuales puede haber una afectación grave a derechos fundamentales de los ciudadanos.

Es necesario dejar de pensar a las pistolas Taser como única herramienta alternativa para las fuerzas de seguridad. El primer insumo es la capacitación integral del personal. El desarrollo de habilidades para situaciones cuerpo a cuerpo y la adquisición de material no solamente ofensivo sino también defensivo para algunas situaciones, como los chalecos contra elementos corto-punzantes.